¿Un cacique en la Federación Española de Municipios?
Y es que, desde que en diciembre de 2008 Pedro Castro se hizo con la presidencia de la FEMP, ésta se ha convertido en la “casa de los líos”. El Comité de Empresa de la Federación ya presentó una denuncia contra Castro ante la Inspección de Trabajo por negarse a revelar los sueldos de sus directivos y explicar las razones por las que ha aumentado en un millón de euros los gastos de personal sin contar con los representantes de los trabajadores. Ahora el Grupo Popular en el Congreso ha pedido la comparecencia del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, para que explique las actuaciones que está llevando a cabo la Inspección sobre tan espinosa cuestión.
Paralelamente, el Comité de Empresa también tiene previsto iniciar acciones judiciales contra Castro, como única vía para que éste acceda a presentar los datos sobre los complementos a directivos contratados desde que asumió la Presidencia de la Federación. Pero ésta no es la única cuestión polémica, pues parece que ya ha comenzado la “caza de brujas” en la FEMP con el anunciado cese del secretario general, Gabriel Álvarez, hombre apadrinado por el anterior ministro de Trabajo, Jesús Caldera, y primera víctima política del omnipotente alcalde, que gobierna la FEMP con maneras caciquiles, como si aquello fuera su cortijo particular.
Claro que de cortijos sabe mucho Pedro Castro, que acaba de aprobar en Getafe una cuanto menos extravagante ordenanza destinada a multar todo lo que el alcalde considera “conductas incívicas” como tender ropa en las ventanas, cerrar las puertas con estrépito, hablar alto a la hora de la siesta o dirigirse a él “de manera incorrecta” o con insultos. Cualquier vecino de Getafe que tenga la “incívica” ocurrencia de criticar a su alcalde en voz alta, será multado con 750 euros… Toda una lección de tolerancia.