Subir los impuestos ayuda a perpetuar la crisis

En las últimas semanas, destacados miembros del Gobierno han iniciado una campaña a favor del incremento de la presión fiscal, con declaraciones que reconocen que “todos los impuestos están en revisión” y se refieren a gravámenes a las rentas más altas. Como ya es costumbre cuando se trata de asuntos económicos, las insinuaciones son bastante crípticas, cuanto menos poco precisas. Y la reciente comparecencia de Zapatero no ha contribuido demasiado a clarificar en que consistirá la subida de impuestos “temporal” y “limitada” que se vinculará a los Presupuestos Generales para 2010.

Parece claro que esta revisión tiene como causa el fracaso de las previsiones y la mala gestión de la crisis, que se han limitado al gasto incontrolado que ha resultado en el déficit público actual y a la inacción que, hasta la fecha, nos ha dejado cuatro millones de parados.

Menos información se tiene sobre cuáles serán los criterios para la subida de los impuestos. El ministro de Fomento, José Blanco, sugería, y luego rectificaba, que la presión fiscal se podría incrementar sobre los ingresos más altas. En este caso, lo recaudado sería insuficiente para corregir hasta el 3% exigido por Europa el déficit que, para finales de año se prevé alcance el 10% del PIB. Esto puede suponer que el grupo de ciudadanos al que irán dirigidas las subidas será mayor. Quizás el anuncio del presidente el pasado mes de mayo en el Debate sobre el Estado de la Nación para suprimir la desgravación fiscal por compra de vivienda a las clases medias –rentas superiores a 24.000 euros- fuera ya un aviso para navegantes sobre las verdaderas intenciones del Gobierno.

Además, sospecho que no existe certeza sobre el destino de la recaudación de las subidas. Los ciudadanos merecen saber si sus impuestos intentarán frenar en vano el imparable déficit público, subvencionarán el nuevo modelo de financiación autonómica que perjudica a regiones como Madrid, pagarán los parches insuficientes con los que el Gobierno trata de dulcificar los efectos catastróficos del paro o sufragarán nuevas estrategias electoralistas a las que Zapatero volverá a confiar su futuro en política, como ya hizo en las pasadas elecciones con los 400 euros. Por cierto, una medida que ahora Zapatero estudia limitar y que, como se esperaba, no ha cumplido las previsiones gubernamentales para incentivar el consumo de los hogares y crear 100.000 puestos de trabajo. Eso sí, ha costado 6.000 millones a las arcas públicas.

La subida de impuestos es una más de la serie de improvisaciones -incluso los medios afines al Gobierno ya se refieren así a sus medidas anticrisis- que Zapatero usa sucesivamente como parche para tapar el error anterior. Incapaz de contener el gasto público, ahora pide a los ciudadanos que sean ellos quienes contribuyan con nuevos esfuerzos financieros a resolver la difícil situación en la que ha sumido al país. Sin duda resulta algo paradójico que hace tan sólo unos meses el presidente animara al consumo para la reactivación económica.

Si el creciente afán recaudatorio del Gobierno de Zapatero contribuyera a mejorar la situación de la economía nacional, España sería el primer país que sale de una crisis como consecuencia de una subida de impuestos.
Los aumentos en las cargas impositivas no contribuyen a crear puestos de trabajo sino, todo lo contrario, a la destrucción de empleos y el cierre de empresas. Las acciones de las administraciones para reactivar la economía deberían estar dirigidas a incentivar el consumo y la promoción del empleo, dos cuestiones a todas luces incompatibles con la subida de impuestos. Sólo aliviar la presión fiscal sobre familias y emprendedores puede contribuir al resurgimiento de la actividad productiva en España.

Zapatero desoye a las voces acreditadas que, como el Banco de España, alertan sobre el peligro de una subida de impuestos que agravaría las dificultades actuales y retrasaría el momento de la recuperación. El argumento utilizado por el presidente del Gobierno es que la presión fiscal en España –que se sitúa en el 33%- está muy por debajo de la del resto de Europa. Oculta Zapatero que esto no se debe a que los impuestos sean bajos, sino a la estrepitosa caída de la recaudación como consecuencia de la disminución de la actividad económica. En otras palabras, se destruyen empresas y empleos y, lógicamente, disminuyen los ingresos vía impuestos.

Por dar un dato, las ventas del sector minorista se redujeron en julio un 4,6% con respecto al mismo mes del año anterior. Es imposible que Zapatero crea que la tendencia se puede invertir limitando la capacidad adquisitiva de los ciudadanos puesto que para reactivar su economía, España necesita aumentar el consumo y para ello mas que subir los impuestos, sería preciso bajarlos Y es hasta intolerable que diga que el objetivo de la subida de impuestos es “preservar a la clase media y los trabajadores”. Olvida de nuevo que la mejor política social es aquella que crea empleos.

Desde que hace algunos meses Zapatero prometiera que no se subirían los impuestos y dijera aquello de que “bajar los impuestos es de izquierdas”, lo único que ha cambiado –según el propio Gobierno- es la “aparición de brotes verdes” que deberían haber mejorado las condiciones precisamente para no tener que incrementarlos. Con esta nueva estrategia, lo que el Gobierno de Zapatero augura es un castigo a la gran clase media española, la que sostiene el Estado del Bienestar que el PSOE pone en peligro con una tendencia al despilfarro que dura ya 6 años. Quizá porque piensan todavía que, como decía una ministra de Cultura socialista, “el dinero público no es de nadie”.

PD: Antonio Cartier publica un post defendiendo la tesis contraria, favorable a la subida de impuestos para salir de la crisis. recomiendo su lectura, se titula Subir impuestos para salir de la crisis

De la Vega liquida a Montesquieu

En plena canícula de verano, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha tenido la bochornosa ocurrencia de poner en evidencia el funcionamiento de la justicia y las funciones constitucionales del Ministerio Fiscal, al anunciar que la Fiscalía Anticorrupción recurrirá la resolución del TSJV de archivar la causa abierta contra el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps.

Resulta inaceptable que el Gobierno utilice tan descaradamente la Fiscalía General del Estado para hacer política partidista en beneficio del PSOE, anunciando la interposición de un recurso cuando aún ni el fiscal encargado del caso ni el propio Conde Pumpido, se habían pronunciado sobre el asunto.

María Teresa Fernández de la Vega confunde la separación de poderes y utiliza las instituciones del Estado con fines exclusivamente políticos, hecho que adquiere especial gravedad cuando viene de una persona que procede de la propia magistratura. No es ésta la primera vez que la vicepresidenta manifiesta un absoluto desprecio por la Justicia; recuerdo que hace algún tiempo ya fue sorprendida abroncando a la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas. Sin embargo en esta ocasión ha ido mas lejos, suplantando directamente al Ministerio Público.

Pero si inadmisible es la actuación de la vicepresidenta del Gobierno, quién por cierto fue vapuleada electoralmente en las últimas elecciones generales en las que se presentaba como candidata por Valencia, la manifiesta falta de independencia del fiscal general es una auténtica vergüenza. Conde Pumpido tiene la obligación constitucional de poner el Ministerio Público al servicio de la Ley, en vez de hacerlo para favorecer los intereses políticos del Partido que le nombró.